Más ritmo, pero con presión de calendario
Según el último análisis de Cotec y el Ivie, hasta junio de 2025 se habían convocado 78.481 millones de euros de los fondos Next Generation asignados a España, y se habían resuelto 58.394 millones. De estos, 21.498 millones se han destinado a I+D+i y digitalización, lo que representa el 36,8% del total ejecutado.
El dato relevante no es solo la cifra, sino la dinámica: el ritmo de ejecución se ha acelerado un 14,8% respecto al año anterior. Sin embargo, entre junio de 2025 y agosto de 2026 deberán ejecutarse 10.443 millones adicionales en I+D+i, es decir, el equivalente a un tercio del objetivo del Plan de Recuperación en este ámbito.
La cuestión ya no es si los fondos están activados, sino si el sistema será capaz de absorberlos con impacto real.
Concentración territorial y empresarial
El informe detecta importantes diferencias territoriales. La Comunidad de Madrid concentra el 32,5% de los fondos resueltos en I+D+i, seguida por Cataluña (15,2%) y Andalucía (10,5%). En términos per cápita, Madrid multiplica ampliamente la media nacional.
En el plano empresarial, las grandes compañías reciben más de la mitad (55%) de los fondos destinados a empresas, especialmente vía licitación. Las pymes mejoran su posición cuando los recursos se canalizan a través de subvenciones.
Esta concentración plantea una cuestión estratégica: ¿están los fondos reforzando capacidades existentes o ampliando la base innovadora?
Digitalización vs I+D estructural
Un 59% de los fondos asignados a I+D+i se ha destinado a digitalización, frente al 41% dirigido a I+D en sentido estricto. Además, la digitalización ha llegado a más de 5.400 municipios, mientras que los fondos estrictamente vinculados a I+D+i se concentran en poco más de 1.300 localidades.
Esto evidencia una diferencia clara entre modernización tecnológica amplia e inversión profunda en capacidades científicas y tecnológicas.
Administración central como eje gestor
El 78% del importe resuelto en I+D+i ha sido gestionado por el sector público estatal. Entre los principales organismos convocantes destacan Red.es, el Ministerio para la Transformación Digital, la Agencia Estatal de Investigación y el CDTI.
El peso estatal confirma una gobernanza centralizada del proceso, con las comunidades autónomas jugando un papel relevante pero secundario en volumen.
Qué se está jugando realmente el ecosistema de innovación
No estamos ante un simple balance presupuestario. Estamos ante una fase crítica en la que se define si NextGen será una inyección coyuntural de recursos o un verdadero punto de inflexión estructural para el sistema español de innovación.
En poco más de un año debe ejecutarse un tercio del objetivo comprometido en I+D+i. Eso implica algo más que acelerar expedientes: supone movilizar capacidades técnicas, administrativas y empresariales con suficiente madurez como para absorber volumen, mantener calidad y generar impacto.
En esta recta final se están jugando tres dimensiones clave para el ecosistema:
- Capacidad real de absorción: si el sistema puede ejecutar más rápido sin deteriorar la calidad de los proyectos.
- Equilibrio territorial y empresarial: si los recursos amplían la base innovadora o consolidan polos ya fuertes.
- Transferencia efectiva: si el gasto en digitalización e I+D se traduce en tecnología aplicada, escalado empresarial y competitividad sostenida.
La pregunta de fondo no es cuánto se ha ejecutado hasta ahora, sino qué quedará cuando termine el ciclo. Porque la verdadera evaluación de NextGen no será presupuestaria, sino estructural.
Qué se está jugando realmente el ecosistema de innovación
La cuestión ya no es únicamente “gastar a tiempo”, sino absorber bien: transformar recursos extraordinarios en capacidades que permanezcan cuando termine NextGen. Para ello, 2026 pide cuatro movimientos muy concretos: (1) priorizar carteras (menos proyectos dispersos y más paquetes con masa crítica) y secuenciar inversiones para que la digitalización no se quede en modernización superficial, sino que habilite I+D y productividad; (2) reforzar la capacidad administrativa y la de los beneficiarios (pymes, universidades, centros) con apoyo práctico —plantillas, acompañamiento, gestión de consorcios, contratación—, porque la evidencia internacional muestra que la absorción depende tanto de la gobernanza como de la capacidad real de ejecutar proyectos; (3) pasar de hitos “de trámite” a métricas de resultado (adopción, escalabilidad, retorno, capacidades instaladas), ya que distintos análisis del Tribunal de Cuentas Europeo advierten que los marcos actuales tienden a medir más progreso de implementación que desempeño e impacto; y (4) mejorar la coordinación multinivel (Estado–CCAA–local) para evitar duplicidades, facilitar sinergias y orientar instrumentos hacia los cuellos de botella donde el ecosistema pierde tracción. En otras palabras: menos ansiedad por el calendario y más diseño de sistema—porque la recta final de NextGen es, sobre todo, una prueba de capacidad de gobernanza y de impacto duradero.
